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¿Humo o solución? Acumulación de penas

El Heraldo de Chihuahua Chihuahua, Chih. 2 de Septiembre de 2003 Página 5 Sección F

La semana pasada se cometió un atropello más en H. Congreso del Estado al aprobar una iniciativa para modificar el Código Penal de la entidad, propuesta que envió el señor Gobernador del Estado, Patricio Martínez García.

El primer atropello que se cometió fue en contra de la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo, que en su artículo 45 establece con toda claridad que las comisiones de dictamen deberán estar integradas por un mínimo de tres diputados y un máximo de cinco. Con la salida de la señora Martha Laguette, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se quedó con sólo dos diputados, situación que fue corregida en los días posteriores al aprobarse que la diputada suplente de Pedro Domínguez, la señora Josefina Hernández, supliera la ausencia de la primera. Sin embargo, al perder la elección a diputado federal Pedro Domínguez y tomar de nuevo su lugar en el Congreso del Estado, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos volvió a quedar con tan sólo dos diputados y, por lo tanto, incapacitada legalmente para emitir dictámenes ante el pleno del Congreso.

La iniciativa para acumular penas en los feminicidios de Ciudad Juárez, porque así dice la iniciativa (como si las leyes no fueran generales para todo el estado), fue turnada a la Comisión antes mencionada, la cual -como ya se explicó- no puede emitir dictámenes con tan sólo dos integrantes, no obstante lo cual la mayoría priísta, con abuso de su número y siguiendo las indicaciones recibidas del Ejecutivo, la sacó adelante en tan sólo veinte días, cuando hay iniciativas que tienen más de siete años en estudio, como fue la del entonces gobernador Francisco Barrio Terrazas para el servicio civil de carrera, la cual fue regresada en la misma sesión al Ejecutivo para su actualización, ya que después de tantos años, aparte de empolvada, muy seguramente es obsoleta.

El artículo 4 de nuestra Constitución Federal establece con toda claridad que el varón y la mujer somos iguales ante la ley. Sin embargo, una ley que va encaminada a castigar más fuertemente a los asesinos de mujeres y no a los victimarios de hombres, es una ley anticonstitucional, porque finalmente se trata del mismo bien jurídico tutelado: la vida.

El artículo 18, también de nuestra Carta Magna, establece que todos los delincuentes tienen derecho a su rehabilitación, pero con la modificación llevada a cabo por la mayoría priísta y además presumida públicamente por el Gobernador del Estado, habrá casos en los que los culpables de asesinatos de mujeres pueden llegar a acumular hasta más de cien años de prisión, con lo cual es imposible su rehabilitación, violando así nuestra ley máxima.

Por supuesto que no nos oponemos a que los culpables de los feminicidios -no sólo en Ciudad Juárez, sino en todo el estado- sean severamente castigados, pero lo inaceptable es que en aras de resolver un problema, se pretenda violar la Constitución.

El artículo 22 de nuestra Carta Magna prohibe las penas inusitadas, es decir que nadie puede ser privado de su libertad de manera irremediable, o mejor conocida como cadena perpetua, y este caso de la acumulación de penas, en la práctica se convierte en una pena inusitada.

Se ha querido hacer creer a la población del estado que esta mal aprobada ley va a ser la solución al problema de tantos crímenes cometidos contra mujeres, pero no es más que una cortina de humo ante el estrepitoso fracaso que ha tenido el Gobierno del Estado en detener y resolver los crímenes de mujeres, ya no sólo en Ciudad Juárez, sino en algunas otras ciudades, entre ellas en esta capital.

Por supuesto que no solamente los diputados del PAN y del PRD, como ya lo anunciaron, buscarán que no se aplique dicha ley por la vía de la acción de inconstitucionalidad, sino también los ciudadano que se sientan lesionados con la misma, podrán ampararse contra una reforma penal que en lugar de solucionar el problema puede complicar más el ambiente jurídico y político de nuestro estado.

Bien lo expresó el diputado Rubén Aguilar (PT) en su primera declaración pública al conocer la iniciativa, diciendo que la solución a este problema tan grave no es castigando más a los culpables, sino corrigiendo el problema en sus raíces, como son la pérdida de valores, entre ellos uno tan básico como es el respeto a la vida de otra persona.

Acumulación de penas no es solución al problema, sino una cortina de humo más para tapar los problemas que no ha podido resolver la actual administración estatal.