Juntas Municipales de Agua

Primero que nada una disculpa a mis cinco lectores (ya le gané a Catón, quien tiene sólo cuatro. Empecé en tres, luego pasé a cuatro y después de 10 años de escribir semanalmente, creo que ya tengo cinco asiduos lectores, según mis estudios bien concienzudos que he realizado), por no haber enviado mi colaboración de la semana anterior a El Heraldo, pero razones de fuerza mayor me lo impidieron.

El artículo 115 de nuestra Constitución federal, que es nuestra ley máxima, fue modificado hace algunos años para dar a los municipios del país la atribución de que prestaran algunos de los servicios básicos que la población necesita, entre ellos la seguridad pública y tránsito, el transporte público de pasajeros en las ciudades, el impuesto predial y el catastro, así como el servicio del agua potable y alcantarillado.

Sin embargo, sólo los servicios de catastro y el impuesto predial fueron transferido a los municipios desde la época del Gobernador Óscar Ornelas, quien pensó que no iban a poder con ellos la mayoría de los municipios del Estado, resultando a la postre que todos lo manejaron muy bien, unos mejor que otros, pero sin problema alguno y representando una fuente de ingresos propios para la última autoridad en el escalafón del país, pero que es la que tiene que dar la cara al ciudadano para resolverle todos sus problemas.

Posteriormente, en la época del Gobernador Francisco Barrio se transfirió el servicio de vialidad, tránsito y transporte público de pasajeros a algunos municipios del Estado, sobre todo a aquellos que lo solicitaron y los cuales se les vieron posibilidades de manejarlo. En el Gobierno de Patricio Martínez se transfirió tránsito a muchos municipios, lo hubieran solicitado o no, pudieran o no, muy al estilo de ese gobernador, y así se transfirió ese servicio a municipios que prácticamente ni vehículos circulaban por sus polvorientas calles de terracería.

En el tiempo del gobernador Barrio se reformó el Código Administrativo del Estado para que fueran los cabildos los que propusieran una terna para presidente de la Junta Municipal de Aguas, de la cual el gobernador escogía al presidente, pero era una propuesta del Ayuntamiento. A su vez el gobernador proponía una terna para director administrativo de la misma junta y el Ayuntamiento designaba de esa terna, de tal manera que la mano del municipio estaba presente a través del presidente de la Junta, que era propuesta de ellos y la del gobernador con el administrador. Sin embargo, esto fue cambiado por Patricio Martínez, reforma en contra de la cual votaron los diputados del PAN, para que desde el presidente de la Junta y todos los funcionarios fueran nombrados unilateralmente por el gobernador.

Más de 20 años después de esa reforma constitucional y de controversias constitucionales en algunos casos, después de algunas declaraciones de los dos principales alcaldes del Estado -de Juárez y de Chihuahua- y después de que el Gobernador Reyes Baeza había dicho que el municipio que quisiera la Junta "municipal" de Aguas debería primero pagar lo que valía cada una de ellas en sus activos, para poder traspasársela, como si los recursos con los que se hicieron las instalaciones de pozos, tuberías, etc., fueran propiedad particular del Estado, siendo que esas obras fueron hechas con recursos públicos que aportamos todos los chihuahuenses, es decir, que estaba sucediendo lo mismo que con la carretera de Parral-Jiménez, que si no le devolvía la Federación los 300 millones de pesos que se habían invertido (con recursos federales) no le quitaba la caseta de peaje.

Se calcula que la Junta "Municipal" de Aguas y Saneamiento de Ciudad Juárez pudiera costar más de 16 mil millones de pesos. ¿De dónde podría el Municipio pagar esa cantidad? Sólo con el total de su presupuesto anual de 10 años, es decir cerrando el Municipio y dedicándose sólo a pagar, situación fuera de la realidad totalmente.

El agua es un recurso esencial para la vida y, por lo tanto, debe ser prestado ese servicio por la primera autoridad, que es el Municipio; no debe ni puede haber regateo en este tema. Afortunadamente, el Gobernador reaccionó con rapidez y ya declaró que está en la mejor disposición de traspasarlo a los municipios que lo soliciten, sin costo alguno, y no sólo eso, sino que el Gobierno del Estado está en la mejor disposición de seguir apoyando a los municipios para que ese esencial servicio se preste de la mejor calidad a los habitantes del estado, para lo cual ha solicitado que se abran mesas de negociación en el H. Congreso del Estado y se hagan las adecuaciones legales para que esto se pueda llevar a cabo.

Enhorabuena que esto sucede, para devolver a la autoridad municipal algo que desde sus orígenes era de ella.