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Sospechoso

El Heraldo de Chihuahua Chihuahua, Chih. 25 de Enero de 1999 Página 7 Sección A

Resulta sospechoso que en los últimos días el Congreso del Estado haya vuelto a sacar a relucir un asunto juzgado y archivado. Como también resulta sospechoso que un medio de información le haya dado tanta importancia.

La misma nota informativa menciona que todo se remonta a la revisión de la Cuenta Pública de hace cuatro años y se pretende desprestigiar a la diputada local Blanca Gámez y a su esposo, César Reyes, con pies de foto alejados totalmente de la realidad, queriendo hacer creer que la empresa "Distribuidores de Fábricas", S. A. de C. V. fue fundada para vender a empleados del Gobierno del Estado cuando ambas personas eran funcionarios del mismo, siendo tan sencillo acudir al Registro Público para verificar que esa empresa inició operaciones mucho antes de que llegara Francisco Barrio a la gubernatura.

Se pretende equiparar el caso al asunto actual del diputado Rogelio Muñoz, a quien el Congreso apenas está actualmente revisándole la cuenta de su gestión como alcalde de Delicias, donde se presume que hubo desvío de fondos que no ingresaron al rastro y fueron a parar a los bolsillos de algún funcionario municipal.

Dos casos muy diferentes en tiempo y forma, ya que el del diputado Muñoz apenas está siendo objeto de revisión, y el de la diputada Gámez fue revisado y archivado hace ya cuatro años, con lo cual se demuestra claramente el origen político que se le está dando para tratar de tender una cortina de humo y proteger a quien está siendo revisado en estos momentos.

A mayor abundamiento, en el caso de "Distribuidores de Fabricas" era una relación entre esa empresa y un particular, que era el empleado de gobierno o del sindicato, y para nada era una venta al gobierno. Tampoco se puede decir que había un trato preferencial o un tráfico de influencias por el hecho de que el gobierno le retuviera a los trabajadores las cantidades convenidas para entregárselas a la empresa vendedora, puesto que cualquier empleado o sindicato puede pedirle a su patrón (en este caso el Gobierno del Estado) que le descuente por nómina una cantidad y la entregue en su nombre a alguna casa comercial o banco con el cual dicho empleado tenga una deuda, y esto de ninguna manera significa ni tráfico de influencias ni trato preferencial.

El crédito que solicitó dicha empresa al Fideapech fue hecho como cualquier otra empresa que tenía derecho a acudir a dicho fondo y, como queda asentado, fueron pagados capital e intereses en su totalidad.

Lo que resulta jocoso en realidad es la observación que hizo el Congreso del Estado (repetimos hace cuatro años) de que "esta empresa era el único proveedor que surtía este tipo de servicios a los trabajadores, tanto burócratas como maestros, quienes no contaban con otra opción de compra a fin de comparar calidad y precio, siendo lo anterior en perjuicio de los trabajadores". Tanto burócratas como maestros tuvieron toda la libertad de acudir ante las empresas comerciales, abundantes por cierto, para poder seleccionar calidad y precio de los productos a su conveniencia, si lo hicieron a través de "Distribuidores de Fábricas" fue porque a su vez les convino y porque les daba el plazo para pagar que muy seguramente no tenían en alguna otra empresa comercial.

Sospechoso resulta que se pretenda equiparar el caso de la diputada Gámez con el caso del diputado Muñoz, como son sospechosos los casos que trataremos en algún artículo posterior, como es el presunto desvío en la Facultad de Contaduría y Administración de la UACh y algunos otros casos que hemos visto en los últimos días.