La Punta del iceberg

Una avioneta con la matrícula del Gobierno del Estado fue incautada por la DEA en El Paso, Texas. Noticia que ha sido la nota de primera plana en uno de los periódicos de la ciudad durante toda la semana pasada.

Primero se trató de involucrar a un señor Jesús Peña Moyrón, quien de inmediato se presentó ante la DEA para aclarar lo que fuera necesario. Esta persona se decía que era empleado de la compañía de seguros, la cual de inmediato desconoció a dicha como empleado suyo.

La agencia antinarcóticos estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) detiene la avioneta Cessna 210, modelo 1977, por haberle cambiado la matrícula original por la matrícula oficial del Gobierno del Estado sin la autorización necesaria, es decir que "alguien" compra una avioneta en los Estados Unidos y sin pedir autorización alguna y antes de entrar a nuestro país, le cambian la identificación, es decir la matrícula. Aquí es donde empiezan a salir las interrogantes, que entre más se quieren responder, más se enredan.

Semanas atrás al Gobierno del Estado se le siniestra una avioneta Cessna 210 que tenía asegurada. Por las notas periodísticas se dice primero que la compañía aseguradora había comprado esta avioneta, que después fue detenida en El Paso, para reponerle al Gobierno la siniestrada y por lo tanto el gobierno se lavó las manos y dice que ese es un problema de la compañía de seguros. El director de Recursos Materiales del Gobierno del Estado, Pedro Lurueña Caballero, declaró que todos los trámites para comprar e importar la avioneta fueron hechos por la empresa Seguros Comercial América. Sin embargo la factura americana, "bill of sale" en inglés, dice que el comprador es el Gobierno del Estado, siendo que si la compra la estaba haciendo la compañía de seguros debería hacerlo a nombre propio, contabilizar en sus registros y después facturar al Gobierno del Estado para poder llevar a sus gastos esta operación de pago de daños, porque así debe ser contablemente, pero además el monto de la operación así lo exigía (200,000 dólares).

También se dijo que era irregular que la aseguradora comprara la avioneta, porque normalmente se le paga al asegurado el importe del bien siniestrado, menos el importe de la cláusula de deducibles que siempre existe, porque nunca se habla en los seguros de reponer el bien, sino de pagar el bien asegurado para que el titular pueda comprar de nuevo ese activo.

Días después se dice que la aseguradora había pagado al Gobierno del Estado 200,000 dólares y que los cheques con los que se había comprado la avioneta eran del gobierno.

Gente conocedora del ramo dice que una avioneta en muy buenas condiciones como esa pudiera valer solamente 170,000 dólares, faltaría quitarle el deducible, sin embargo se dice que el seguro pagó 200,000. ¿Por qué?. ¿Cómo fue posible que la aseguradora pagara más y no menos del valor comercial?. ¿A dónde fue a parar la diferencia?.

Más interrogantes: ¿Por qué no se dio de baja la matrícula del avión siniestrado, cuando se está obligado a ello?. De nuevo el señor Pedro Lurueña Caballero dice que no estaban obligados, pero por simple similitud con un automóvil cuando ya queda inservible, hay que darlo de baja, no podemos argumentar que como vamos a comprar otro automóvil por eso nos quedamos con esas placas para ponérselas al que vamos a comprar.

Se dice que el antiguo encargado del hangar gubernamental, hoy empleado de la Dirección de Recursos Materiales del gobierno, Sergio Joel Zapata Ibarra, fue quien dio la orden de pintar la avioneta con la matrícula oficial y los colores verdes del actual gobierno, sin embargo esta persona, dicen, está de vacaciones y parece que son indefinidas, porque nadie sabe cuándo regresará. Es curioso ¿no?.

Por otro lado, la vocera de la DEA, Angélica Gurrola, dice que nadie ha solicitado formalmente la devolución de la avioneta y por lo tanto la mantendrán bajo su custodia hasta que finalice la investigación. Ahora resulta que aunque la factura dice que el dueño es el Gobierno del Estado, nadie la reclama. Extraño ¿no?.

Total que hasta el momento de escribir este editorial no se sabe en definitiva de quién es la avioneta detenida por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos. ¿Por qué se le cambió la matrícula sin autorización oficial?. ¿Con qué fines se hizo este movimiento?. ¿Dónde quedó la diferencia entre lo que pagó la compañía de seguros y lo que debía ser?. ¿Quién pagó realmente por ella?. Y muchas preguntas más ni el Gobierno del Estado, ni la compañía de seguros han podido aclarar a satisfacción, no sólo del público, sino de la DEA, pues ahora parece que nadie fue.

¿Será esto la punta del iceberg?