El desafuero del diputado Roberto Lara

Hoy domingo, día en que escribo semanalmente este editorial que aparece publicado los martes, acudí a un desayuno informativo convocado por el diputado Lara y debo confesar que antes del desayuno me encontraba un poco más convencido de la culpabilidad que de la inocencia del mismo, porque todos los medios de comunicación se han dedicado a "hacerlos culpables" y bien dice el dicho que una mentira repetida muchas veces termina pareciendo verdad.

A este desayuno fuimos convocados para conocer "la verdad" sobre las acusaciones que la Procuraduría General de Justicia del Estado ha hecho sobre algunos funcionarios de la pasada administración municipal panista. Acudimos más de 300 personas, entre panistas, ciudadanos, diputados y regidores.

El 10 de julio del 2007 la Subdirección de Desarrollo Municipal pide a asuntos internos que investigue el uso de los recursos del programa federal Hábitat, el cual se da en todo el país directamente con los municipios, ya que habían detectado irregularidades en el mismo. Son los hoy acusados quienes vieron los indicios de presuntas irregularidades.

El 20 de agosto del mismo año determinan que sí hay irregularidades, y dan de baja a los operadores del programa Hábitat. El 7 de septiembre el Municipio presenta la denuncia penal ante Averiguaciones Previas en contra de quienes resulten responsables de los delitos de fraude, peculado, administración fraudulenta, ejercicio ilegal del servicio público, en perjuicio de la administración municipal.

El 28 de febrero del 2008, siete meses después, el Congreso del Estado turna la cuenta pública del municipio de Chihuahua a la Procuraduría estatal, entre ellas el caso de los famosos "pony arrendamientos".

El 11 de marzo la autoridad cita a declarar a la persona que aparece con los contratos irregulares y ahí dice que no conoce a Roberto Lara, alias "El Pony", como tampoco a Edgar Olivas, que al momento de firmar los contratos sólo se encontraban los responsables del programa Hábitat.

Este programa federal es para ayudar a la gente más necesitada, apoyándola a que se autoemplee y los arrendamientos se daban para poder capacitar a esa gente en casas, salones de la zona. La irregularidad denunciada por la propia autoridad fue que una misma persona aparecía como arrendadora de muchas casas o locales.

Roberto Lara declara públicamente y así lo repite en el desayuno, que la firma de los contratos es la suya, pero que fueron dentro de los cientos o miles de contratos que firmaba como director de Desarrollo Social del Municipio, para que los programas no se detuvieran, pero ha quedado demostrado por la declaración de la implicada en las rentas que ni tan siquiera lo conocía, ni a Edgar Olivas, subdirector de Desarrollo Social.

Los casos penales son únicamente de la persona que ahí se señala, no pueden ser en contra de toda la cadena de mando. Imagínese usted, que una cajera de las casetas de cobro en la carretera se roba parte del dinero, sólo se le puede acusar a ella como persona, ni tan siquiera a su supervisora (que a la mejor fue la que detecto y denuncio), menos al tesorero del estado, e imposible de acusar al gobernador del Estado.

Este es el caso de Roberto Lara y Edgar Olivas.

Quitarle el fuero a Roberto Lara es inadmisible, ya que este invento del fuero no es de los chihuahuenses, ni de los mexicanos, viene de muchísimos años atrás, en Inglaterra, donde los parlamentarios no podían decir nada del gobernante en turno (normalmente reyes, no me refiero al gobernador, sino a las monarquías) porque los mandaban arrestar en el mejor de los casos o matar y fue la única forma de protegerse contra los abusos de los gobernantes, ya que los parlamentarios, al igual que hoy, no tienen una fuerza pública a su servicio, si acaso mandan a los guardias de la Torre Legislativa.

La orden de aprensión de Edgar Olivas es por el desvío de 29 mil 050 pesos. ¿Una cortina de humo tapando la inseguridad que tenemos en el estado?