El Informe de la OEA Sobre Comicios del 86, "Precedente Importante", Pero Tardío, Dice Barrio

Una fuerte controversia se desató en los medios políticos del Estado en torno a la eventual condena que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) prepara en contra del gobierno mexicano, a raíz de las violaciones a los derechos políticos y electorales de los chihuahuenses registradas en los comicios de 1985 y 1986.

En tanto que el gobernador Fernando Baeza Meléndez declinó opinar al respecto, su contrincante en las impugnadas elecciones, Francisco Barrio Terrazas, consideró el hecho como "un importante precedente".

Mientras, la Iglesia Católica de Chihuahua, dirigentes partidistas y personajes de la política que tuvieron una relevante participación en lo que se ha dado por llamar "El Caso Chihuahua '86", emitieron opiniones encontradas sobre este suceso, transcurridos casi cuatro años del ardiente verano chihuahuense cuyas repercusiones trascendieron a nivel internacional.

El gobernador Fernando Baeza Meléndez se negó a emitir una opinión sobre la resolución de la CIDH, organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que calificó de fraudulento el proceso electoral local de 1986. Sin embargo, el presidente del CDE del Partido Revolucionario Institucional, Mario Tarango Ramírez, consideró que se trata de una postura parcial.

Como se informó en nuestra edición de ayer, la CIDH, basada en la denuncia hecha por ex candidatos y dirigentes del Partido Acción Nacional, que acudieron en 1986 a Washington para denunciar las irregularidades de los comicios locales, determinó que efectivamente el gobierno mexicano violó los derechos políticos y electorales de los chihuahuenses.

Se señala que hubo robo de actas de escrutinio, relleno de urnas y que los organismos electorales estaban controlados por el PRI-Gobierno, lo que desnaturaliza cualquier proceso, no existiendo pureza en los comicios.

DIARIO DE JUAREZ entrevistó al gobernador Baeza Meléndez para que emitiera una opinión sobre esa resolución de la CIDH-OEA y contestó: "Sin comentario".

Entretanto, el dirigente estatal del priísmo, Mario Tarango Ramírez, afirmó que esa resolución es parcial, porque los integrantes de la CIDH sólo escucharon una versión y es más criticable porque el Partido Acción Nacional y sus candidatos, con las mismas reglas del juego, ganaron en los procesos electorales de 1983 -siete ayuntamientos, las principales ciudades de la entidad-, y en 1985 y 1988 ganaron diputaciones federales -dos y tres del municipio de Juárez, respectivamente-.

Además, las condiciones políticas en el estado han cambiado ostensiblemente y los chihuahuenses se han dado los gobiernos que han querido. De 1986 a la fecha se han tenido dos procesos electorales más y es el pueblo el que ha decidido.

Además -agregó- las instancias electorales, como son las Mesas de Casillas, Comités Distritales Electorales, los Comités Municipales Electorales, la Comisión Estatal Electoral y el Congreso del Estado constituido en Colegio Electoral calificaron las elecciones.

En todas esas instancias se comprobó el triunfo del entonces candidato y ahora gobernador Baeza Meléndez y la oposición no pudo comprobar fehacientemente las imputaciones que hizo de que se cometió fraude.

"El hecho es que son las mismas reglas del juego -repitió Tarango Ramírez- los panistas ganaron Ayuntamientos y diputaciones y sólo cuando pierden es cuando sacan a relucir que hubo fraude y acuden a instancias extranjeras como en este caso". El dirigente priísta terminó afirmando que la CIDH pierde seriedad al emitir resoluciones con tanta ligereza.

La inminente condena a la violación de los derechos políticos y electorales de los chihuahuenses en los comicios de 1986, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), provocó encontradas reacciones entre los partidos involucrados.

"UN PRECEDENTE IMPORTANTE", DICE BARRIO

Francisco Barrio Terrazas, -quien de ratificarse la aprobación del informe preliminar, sería reconocido como víctima indirecta de aquella violación de derechos-, calificó el hecho como importante.

"Si se da, esa decisión es muy importante, a pesar de que a tres años y medio de distancia no tiene sentido práctico", dijo quien fuera candidato a gobernador en aquél año y uno de los autores de la denuncia ante la OEA.

"Su importancia radica en el hecho de que es un precedente asentado, y con el se abre una instancia porque la nuestra fue la primera denuncia de violaciones a los derechos políticos".

"En aquellas fechas en el Comité había miles de denuncias -si mal no recuerdo más de ocho mil-, pero todas sobre violaciones a los derechos humanos, como la tortura, el asesinato, desapariciones, etc.

Una denuncia fue por violación a la libertad de expresión presentada por un periodista norteamericano en contra de un país centroamericano, pero ni una sobre derechos políticos electorales.

"Hay que recordar que la denuncia duró más de seis meses sólo para que se le diera entrada en el Comité, debido a que no había antecedentes y a que intento del gobierno mexicano por descalificar al Comité, al que negaba atribuciones a pesar de haber firmado el convenio de Costa Rica".

A la pregunta de qué podría esperarse de la resolución del CIDH, Barrio Terrazas dijo que nada espectacular, pero aclaró, "es una puerta que se abre. Lo repito: se abre una instancia que podrá ser aprovechada por los partidos de oposición de México y todos los países latinoamericanos".

Y añadió: "Cierto, el CIDH no tiene funciones ejecutivas. Es sólo una opinión imparcial a la luz de los derechos humanos y el derecho internacional, pero es una opinión con un peso específico muy importante, sobre todo ahora que ante la necesidad no sólo de una imagen respetable sino de otras muchas cosas, se gobierna para afuera".

"En lo personal -de producirse la ratificación-, es una satisfacción. Confirma nuestras acciones de entonces la defensa de los chihuahuenses y de nuestro propio derecho, y es una vía que ahí está".

VIGENTE, LA CONDENA DE LA IGLESIA

La Iglesia Católica en Chihuahua mantiene vigente el juicio moral emitido sobre el controvertido proceso electoral de 1986 -en el que protestó por las irregularidades registradas durante los comicios, denunció violaciones a los derechos políticos de los ciudadanos y exigió la anulación de las elecciones locales-, declaró Dizán Vázquez, vocero oficial del Arzobispado.

El dictamen sujeto a aprobación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos, en contra del gobierno mexicano por las violaciones a los derechos políticos y electorales en Chihuahua, en 1985 y 1986, confirma, a juicio de Dizán Vázquez, "lo que nosotros habíamos denunciado".

Sin embargo, advirtió el vocero eclesiástico, "la Iglesia no pretende asumir un liderazgo político o marchar a la cabeza del pueblo en sus reivindicaciones, sino acompañarlo, apoyarlo e iluminarlo, a la luz de la fe, en sus reclamos".

Empero, con relación a la supuesta ilegitimidad en la designación del gobernador Fernando Baeza Meléndez y su eventual legitimación en el ejercicio del poder, la Iglesia local aclara: "No nos metemos nosotros a legitimar o a deslegitimar a los gobernantes, porque sería volver a los tiempos medievales de un integrismo en el que la Iglesia invadiría el campo político".

Acerca de las repercusiones del verano ardiente chihuahuense sobre el actual debate en torno a las relaciones entre el estado y la Iglesia, en las semanas previas a que el Papa Juan Pablo II visite el país por segunda ocasión, Dizán Vázquez enfatizó que "la Iglesia es un interlocutor necesario para poder llevar adelante la modernización".

La participación de la Iglesia chihuahuense en el terreno político, que tuvo su punto culminante en el 86, "no fueron actos tomados con ligereza o precipitación, sino resultado de un maduro examen de la situación", afirmó Dizán Vázquez.

"El hecho de que ahora se determine, por una instancia de tanta autoridad moral, lo que nosotros habíamos denunciado, no hace sino confirmarnos, no nuestra buena voluntad que siempre la tuvimos, sino la validez de los datos que manejarnos", agregó.

Dijo también que, a raíz de aquéllos acontecimientos, "la Iglesia de Chihuahua sufrió una especie de satanización que involucró al Arzobispo y a todo el presbiterio", sin embargo, puntualizó, "como tantas veces nos lo ha demostrado la historia, una desautorización de la alta jerarquía, con el tiempo se convierte en aprobación".

Desde la óptica del vocero del Arzobispado, entonces se puso a discusión si el juicio emitido por los obispos de Chihuahua fue objetivo y si les correspondía emitir ese tipo de juicios y pronunciar orientaciones en el campo de la política.

"El dictamen de la OEA -apunta Vázquez Loya-, aclara el primer punto, pero todavía queda por reconocer que teníamos razón al hablar de esos asuntos desde un plano estrictamente pastoral y no desde la política partidista, de lo que tanto se nos acusó". Según Dizán Vázquez es necesario "reconocer que la acción profética de la Iglesia de Chihuahua contribuyó decisivamente al cambio de clima que se ha dado ahora en las relaciones del gobierno con la Iglesia", dijo que este cambio "no se debe solo a la diplomacia vaticana, sino a la autoridad moral de la Iglesia en apoyo al pueblo en sus justas reivindicaciones".

En el fenómeno de distensión en la confrontación entre el estado y la Iglesia en el país, dijo el vocero eclesiástico, "han tenido que ver mucho las nuevas actitudes de gobernantes como Fernando Baeza Meléndez y Carlos Salinas de Gortari". En su opinión este cambio de actitud "fue una medida muy hábil, muy inteligente".

Y terminó diciendo que "esas actitudes vinieron a hacer descender la temperatura de una caldera que estaba a punto de explotar".

EVENTUAL JUICIO EN CORTE INTERNACIONAL

Existe la posibilidad de que se entable un juicio ante la Corte Interamericana en contra las autoridades mexicanas, ya que éstas no reconocerán la ilegitimidad del gobierno de Chihuahua, reveló ayer Guillermo Luján Peña, que eventualmente habría ganado el juicio entablado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el presunto despojo de que fue objeto en las elecciones federales de 1985, en las que se entregó la diputación federal por el VII Distrito a su opositor, Doroteo Zapata.

Luján Peña declaró que si el gobierno mexicano reconoce la ilegitimidad del gobierno de Fernando Baeza Meléndez, actuaría en contra de sus propios intereses, "lo que no sucederá".

Lo que es positivo por sí mismo, señaló Luján Peña, es que un foro imparcial de carácter internacional, como es la OEA, condene la evidente ausencia de democracia que se evidenció en los mencionados comicios.

Luján Peña subrayó que "lo negativo es que se tardaran tanto para dar a conocer su resultado, lo que imposibilitó para que se actuara rápidamente en beneficio de la democracia". "Si el dictamen se hubiese dado oportunamente, la situación sería más favorable", añadió.

De acuerdo con los estatutos de la Sociedad de Estados Americanos (OEA) existe el recurso de juicio que podría ser llevado a cabo por la Corte Interamericana que, en caso de rechazo por parte de las autoridades mexicanas, podría decretar la expulsión de México del seno de la OEA, informó Luján Peña.

Por su parte, la dirigencia estatal del PAN, por medio de su vocero Luis Herrera González, anunció que este día darían a conocer las acciones que tomarán con respecto al anterior suceso, además de tratar el asunto de la Reforma de la Constitución en lo relativo a las relaciones Iglesia-Estado.

Antonio Becerra Gaytán, ex candidato a la gubernatura 1986 por el PSUM y actualmente diputado local por el PRD, consideró que el dictamen de la Organización de Estados Americanos (OEA) en torno al presunto fraude electoral cometido en Chihuahua en el 86, tiene un gran impacto moral por ser un aspecto negativo que ningún mexicano debe ignorar. Entretanto la secretaria de gobierno, Martha Lara de Sarquis, dijo que el fallo del colegio electoral que llevó a Fernando Baeza Meléndez a la gubernatura "se formuló en base a nuestras leyes y es lo que cuenta".

Becerra Gaytán manifestó que las repercusiones que la resolución internacional tendrá en el ámbito local, "serán sobre todo morales" y exhortó a que ese tipo de juicios sean tomados en cuenta para que México pueda abandonar el sitial de ser el "único país que comete fraudes electorales".

Sin embargo, agregó, el controvertido proceso electoral que colocó a Fernando Baeza Meléndez en la gubernatura "es 'pecata minuta' comparado con lo que hicieron a Cuautémoc Cárdenas, en donde el despojo fue a nivel de la Presidencia de la República mediante un fraude generalizado".

La denuncia en contra del gobierno estatal y del Colegio Electoral se presentó desde el 86 y "a las autoridades no les importó, ya que el nuestro es un gobierno que sólo puede sostenerse a base de cometer fraudes electorales", enfatizó el diputado perredista.

Martha Lara de Sarquis, por su parte, declinó opinar abiertamente sobre el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, ya que, aseguró, "no estamos en condiciones de emitir opiniones, no conocemos en los documentos en los que se basan y hasta la fecha, no se ha presentado ninguna comunicación al gobierno mexicano".

Pese a la insistencia de los reporteros, enfatizó en que sería muy aventurado emitir juicios. "Es una eventualidad, mientras que no se tenga el documento".

Admitió tener conocimiento acerca de las circunstancias en que los panistas tramitaron sus denuncias sobre supuestos despojos electorales, sin embargo, declaró que "para mí lo que vale es el fallo emitido por el Colegio Electoral de acuerdo a nuestras leyes".

"Los instrumentos internacionales son muy amplios, debemos conocer primero los documentos para luego emitir alguna opinión", puntualizó.

Responderé al Diario Golpe por Golpe: Baeza

"Responder golpe por golpe... ", fueron las palabras textuales del gobernador Fernando Baeza Meléndez, molesto por las informaciones que ha publicado DIARIO DE JUAREZ en los últimos días, refiriéndose a este medio de comunicación.

El Ejecutivo del estado fue cuestionado ayer sobre el informe que emitirá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que califica de fraudulento el proceso electoral de 1986.

Se negó a emitir una opinión y dijo que "no damos una con el DIARIO DE JUAREZ, publicaron una crítica sobre los trabajos y programas del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores y otras...".

"Dígale a su director que he querido ser su amigo y he pasado por alto muchas cosas, pero me está golpeando continuamente y no se vale, ya es tiempo de contestar, responder golpe por golpe...".

Todo lo anterior fue expresado por Baeza Meléndez ayer al llegar a esta ciudad procedente de Villa Ahumada en compañía del alcalde José de Jesús Macías Delgado, donde presidió una reunión de evaluación sobre el programa carretero.

En forma reiterada se negó a emitir una declaración sobre el proceso electoral de 1986, cuando ex candidatos y dirigentes del Partido Acción Nacional acudieron hasta Washington para presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por la violación a los derechos políticos y electorales de los chihuahuenses, calificando todo el proceso como fraudulento.

Tres años después la CIDH emite un informe que fue publicado en la revista nacional "Proceso" y que DIARIO DE JUAREZ y DIARIO DE CHIHUAHUA reprodujeron en su edición de ayer, en la que se señala que el gobierno violó los derechos políticos y electorales y que hubo robo de actas de escrutinio, relleno de urnas y que la Ley Electoral desnaturaliza todo el proceso al entregar al PRI la mayoría de los organismos encargados de calificar los proyectos electorales.