Panistas Acudirán al Tribunal Internacional: Piden Condena Contra el Gobierno de México

El Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática afirmaron al unísono que en las elecciones locales de Chihuahua efectuadas en 1986 se consumó un fraude electoral y señalaron que en México sigue prevaleciendo la subcultura del fraude, al tiempo que el PAN anunció que solicitaría el proyecto de dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de acudir ante el Tribunal de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, para apelar a esa instancia internacional. "Baeza Meléndez debe ser destituído de su cargo porque es ilegítimo" declaró el PAN.

Guillermo Luján Peña, quien impugnó las elecciones de 1987 cuando contendió como candidato para diputado por el VII Distrito; advirtió que el gobierno de México seguirá presionando por todos los conductos para impedir que la resolución de la OEA "se haga oficial" y evitar que sea divulgada en nuestro país.

En la denuncia presentada por los candidatos del PAN en Washington, se denunció, entre otras irregularidades, la falsificación de actas, el acarreo de votantes, el relleno previo de urnas, el robo de urnas, la alteración del padrón electoral, la sustitución de presidentes de casillas.

Los pasos legales que seguirá el Partido Acción Nacional cuando se conozca de manera oficial el eventual dictamen de la OEA, presumiblemente el mes de mayo, será promover el caso ante el Tribunal de Defensa de los Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica.

El gobierno mexicano a través de la OEA ha votado a favor de este tipo de sanciones o juicios condenatorios en contra de otros países, como Chile, Panamá, Nicaragua, Checoslovaquia, Rumania y otros, pero ahora "no aceptará la ilegalidad en la que incurrió al darle posesión a un gobierno ilegítimo".

Los dirigentes panistas señalaron que lo más lógico es que el gobierno desconozca a la OEA porque "no podrá dar marcha atrás, aunque lo más legal es que se destituya al Gobernador Baeza Meléndez".

Luján Peña, candidato presuntamente despojado de triunfos electorales y Luis Herrera González vocero oficial del PAN, encabezaron ayer una rueda de prensa en la que denunciaron que el dictamen de la OEA fue deliberadamente retrasado "gracias a las comidas lujosas y viajes a Cancún que el gobierno de la república ofreció a algunos de sus miembros para evitar, precisamente, que la resolución se conociera a tiempo".

Entretanto, el Partido de la Revolución Democrática en voz de Antonio Becerra Gaytán, consideró que la resolución de la OEA es extemporánea, ya que emite el juicio moral a tres años de haberse cometido el fraude electoral. El juicio no tiene mayores efectos ahora, puntualizó Becerra, si se toman en cuenta los resultados de la elección de aquel tiempo, debido a que muchos presidentes municipales y diputados concluyeron ya su gestión.

No obstante, para Becerra Gaytán la opinión de la OEA es válida en términos generales, en el sentido de que el sistema siguió cometiendo fraudes electorales. Se refirió, en concreto, al perpetrado en las elecciones presidenciales de 1988 "cuando el robo de un legítimo triunfo fue realizado en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, repitiéndose más tarde esa 'cultura de fraude' en los estados de Michoacán y Guerrero, donde se generó la violencia y la muerte".

"México es uno de los pocos países del mundo en que registra el robo de urnas en plena elección, lo cual representa que el sistema sigue con su actitud de defraudar a los ciudadanos pasando por encima de sus apreciaciones políticas, de su libertad y de su derecho de designar a sus gobernantes", agregó. Finalmente, dijo que a pesar de los juicios de la OEA, "el gobierno seguirá con su cultura del fraude la cual será difícil de erradicar, porque este es muy poderoso".

EL PRI RECHAZA EL DICTAMEN DE LA OEA

El dirigente estatal del PRI, Mario Tarango Ramírez, consideró que la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no puede ser aceptada porque "no es válida, ya que sólo presenta un juicio basado en pruebas de un sólo partido político, y no toma en cuenta al resto de las organizaciones mexicanas que participaron en los comicios de 1986".

Catalogó de irresponsable y ligero el dictamen sobre las investigaciones sobre las elecciones en Chihuahua, porque "no lo hace en base a juicios globales, sino parciales".

Tarango Ramírez subrayó que "la OEA es un organismo instalado para otro tipo de acciones y no para criticar al gobierno de México, mucho menos cuando lo hace con base a juicios parciales tomados de un solo partido político. Debió tomar en cuenta a los demás, llámese PRI, PSUM, PPS, CDP y demás".

por lo anterior, el dirigente del Revolucionario Institucional desconoció el dictamen del CIDH y argumentó que en el seno de este partido hubo muchas modificaciones que dieron pie a la democracia, por lo cual, aseguró, el gobierno de Baeza Meléndez es legítimo.