Presiona la Embajada de México en EU Para Obstaculizar Condena de la OEA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, aprobó un anteproyecto de informe sobre denuncias de presuntos fraudes electorales en los comicios de Chihuahua, en 1985 y 1986, y de Durango, en 1985, cuyo dictamen final será emitido por el Pleno de la CIDH en mayo entrante, con firmó ayer, desde Washington, un abogado de ese organismo internacional.

Entretanto, Guillermo Ordorika, secretario del titular de la representación permanente de México de la OEA, encabezada por Antonio de Icaza, admitió la existencia del proyecto de dictamen y se excusó de hacer comentarios. "No lo tengo aquí en la oficina, eso se maneja en otras instancias", dijo en entrevista telefónica.

En Chihuahua, el Partido Acción Nacional anunció que presionará para que "por vergüenza" el gobernador Fernando Baeza Meléndez solicite una licencia indefinida, además de promover un juicio político ante el Congreso de la Unión "por el fraude electoral de 1986".

Sin embargo, Baeza Meléndez consideró que las pretensiones del partido blanquiazul son "un absurdo", y en relación con el anteproyecto de la CIDH aseguró que: "es un invento; no existe tal dictamen".

De acuerdo con informes recabados por Diario de Juárez, el embajador de México ante los Estados Unidos, Gustavo Petriccioli, y el propio De Icaza, habrían ejercido presiones sobre el secretario ejecutivo de la CIDH, Edmundo Vargas Carreño, a fin de posponer la presentación del informe al Pleno, requisito para que se convierta en dictamen oficial.

Vargas Carreño, de nacionalidad chilena, acaba de ser nombrado Viceministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Augusto Pinochet, a unas semanas de que nuestro país restablezca relaciones diplomáticas con aquella nación sudamericana y tomará posesión el próximo 11 de marzo. El diplomático no pudo ser localizado por Diario de Chihuahua porque "está preparando maletas y no vienen a la oficina", dijo su secretaria por vía telefónica.

"El anteproyecto de dictamen ya fue emitido, y en estos momentos la Comisión todavía lo tiene bajo su consideración", declaró el abogado de la CIDH, quien solicitó se mantenga su identidad en reserva. Dijo también que el contenido del informe se mantiene bajo reserva. "Yo no sé de donde obtuvo esa revista la información", comentó acerca de la divulgación del informe hecha esta misma semana por una revista de circulación nacional.

En este sentido, versiones que circulan en Washington señalan que De Icaza habría sugerido a Oliver Jackman, quien encabeza la Comisión que tiene bajo su cargo el caso y que elaboró el proyecto de dictamen, que se interpusiera un "castigo ejemplar" a quien consiguió que el reportero de la revista Proceso, Carlos Puig, tuviera acceso al reporte.

Según informes de la asesoría jurídica de la CIDH, el tiempo para aportar pruebas y presentar alegatos ha concluido. "El gobierno mexicano entregó sus puntos de vista sobre el informe en diciembre pasado", reveló la fuente.

El abogado declinó hacer comentarios sobre el contenido del informe y acerca de los alegatos finales presentados por el gobierno de México. Oficialmente, puntualizó, el contenido del informe se divulgará a partir del 7 de mayo, cuando por espacio de dos semanas la Comisión va a deliberar sobre esa y otras denuncias. "Sólo entonces va a emitir su pronunciamiento", precisó.

El secretario particular de De Icaza, Guillermo Ordorika, se excusó de no hacer comentarios sobre el contenido del reporte de la CIDH, aunque admitió que "ya es del dominio público". Dijo también ignorar el tratamiento que la representación mexicana ante la OEA dará al caso. "No sé qué está pasando con el asunto", precisó y reconoció que la delegación mexicana conoce el informe.

En Chihuahua, Guillermo Luján Peña, quien interpusiera ante la CIDH la denuncia inicial por las irregularidades electorales de 1985, a la que se sumó Francisco Barrio por el presunto fraude de 1986, informó que el caso será expuesto en la próxima convención nacional del PAN, que se celebrará, el fin de semana en la ciudad de México, en la que se renovará la dirigencia nacional. Presumiblemente allí, el PAN fijaría su postura oficial frente a estos acontecimientos.

Por su parte, el diputado local Ramón Galindo dijo que el PAN chihuahuense exige al gobernador Baeza "que se retire de su cargo si es que tiene dignidad y vergüenza" y anunció que existe la intención de la diputación federal de su partido de que se abra un juicio político en contra del Jefe del Ejecutivo estatal ante el Congreso de la Unión.

El gobernador Baeza Meléndez, entrevistado ayer durante la ceremonia de inauguración de la oficina de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, declaró: "No voy a opinar sobre un dictamen que no existe". En torno a las pretensiones panistas para que se retire de su cargo, el gobernador afirmó "es un absurdo y no voy a emitir ninguna opinión; es un invento".

"Fernando Baeza ha sido un gobernador usurpador, bueno; pero no por eso dejará de serlo", manifestó el diputado Galindo, quien admitió en Acción Nacional se dan opiniones encontradas acerca del Gobernador, pero, añadió, "no es posible hacer borrón y cuenta nueva".

Galindo, por último, consideró que esto ya "es un asunto de vergüenza personal" e instó a Baeza Meléndez para que solicite una licencia indefinida, ya que de otro modo, dijo, "pasará a la historia como el gobernador más cínico y que de manera vergonzante arribó al poder".