Al Acudir a la CIDH, "Buscamos Lastimar al Gobierno Mexicano": Francisco Barrio. El Embajador De Icaza, Causó "Mala Impresi&oacu

Hasta ahora el gobierno mexicano "se ha ido liso en cada fraude electoral que comete. Pensamos que si el costo político se eleva, el atractivo del fraude se reduce", dijo Francisco Barrio, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Chihuahua en 1986, al comentar el informe preliminar de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), favorable a las denuncias panistas por violación a los derechos políticos de los mexicanos.

Al acudir a la CIDH "buscamos infligir al gobierno una lastimadura lo más severa posible para elevar ese costo y provocar que, a la hora de decidir hacer un fraude electoral, el gobierno lo piense dos veces", agregó el también ex presidente municipal de ciudad Juárez, Chihuahua.

Al igual que Jesús González Schmall, secretario de Relaciones Internacionales del PAN en 1986, Barrio quien encabezó la delegación que acudió a la CIDH y otros denunciantes, como Guillermo Luján Peña y Rodolfo Elizondo, informaron que hasta esta semana no han tenido conocimiento oficial del informe preliminar de la CIDH, cuyas partes esenciales fueron publicadas por Diario de Chihuahua. Y sostuvieron que ellos, como parte denunciante, debían haber sido informados ya de manera oficial.

Aún así, no se mostraron sorprendidos por el contenido del informe preliminar ya que -dijeron- desde que presentaron sus denuncias sabían que tenían la razón y que, además, cumplieron con todos los requisitos y presentaron todas las pruebas necesarias. Lo que les extraña es la tardanza de la CIDH para emitir su dictamen y que ese organismo no les haya comunicado su informe. Entienden que lo anterior es consecuencia de las presiones diplomáticas que ejerce el gobierno mexicano sobre la CIDH, pero confían en que la CIDH haga oficial su resolución en mayo próximo.

Todos consideran muy importante el sentido del informe preliminar y aunque en la práctica una resolución oficial no tendría mayor efecto que una sanción política, creen que ayudaría a democratizar el país.

ENOJO DE BAEZA

En Chihuahua, el gobernador Fernando Baeza Meléndez electo precisamente en uno de los comicios denunciados por los panistas ante la CIDH, se negó a hacer comentarios sobre el particular. "Sin comentario", repitió ante la insistencia de reporteros locales que reprodujeron el reportaje de Proceso. Y ante la reiterada solicitud de un reportero de Diario de Chihuahua y Diario de Juárez, respondió: "Dígale a su director que he querido ser su amigo y he pasado por alto muchas cosas, pero me está golpeando continuamente y no se vale; ya es tiempo de contestar, de responder golpe por golpe...".

Allá, el líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Tarango Ramírez, se negó a comentar el informe preliminar, al cual considero "parcial" y dijo que "el hecho es que, con las mismas reglas del juego, los panistas han ganado diputaciones y ayuntamientos, y sólo cuando pierden sacan a relucir que hubo fraude y acuden a instancias extranjeras". La Iglesia Católica de Chihuahua, por conducto de su vocero Dizán Vázquez, comentó que la condena eclesial a las elecciones de 1986 sigue vigente, y el candidato del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) a la gubernatura en ese año, Antonio Becerra Gaytán, sostuvo que el informe tiene un gran impacto moral, por ser un aspecto negativo que no debe ignorarse en México.

Periódicos chihuahuenses buscaron, vía telefónica, en Washington sede de la OEA y de la CIDH, información sobre el dictamen preliminar. Novedades de Chihuahua dijo que Bernars Connins "representante de prensa" afirmó que no se ha dicho nada del dictamen porque es reservado y en su momento se dará a conocer. "Toda la información que se ha manejado es a nivel de rumor". La nota fue cabeceada así: "Un rumor, lo del dictamen de la OEA".

El Diario de Chihuahua informó que un abogado de la CIDH había confirmado la existencia del dictamen preliminar y que el oficial será emitido en mayo. "El anteproyecto de dictamen ya fue emitido y en estos momentos la Comisión todavía lo tiene bajo su consideración", atribuye el periódico al abogado de la CIDH "quien solicitó que se mantenga su identidad en reserva". El mismo diario entrevistó a Guillermo Ordorika, secretario particular del embajador Antonio de Icaza, quien se excusó de comentar el dictamen "ya que no lo tengo aquí en la oficina; eso se maneja en otras instancias". Asimismo el diario informó que "versiones que circulan en Washington señalan que De Icaza habría sugerido a Oliver Jackman (representante de Barbados), quien encabeza la Comisión que tiene bajo su cargo el caso y que elaboró el proyecto de dictamen, que impuso un "castigo ejemplar" a quien consiguió que el reportero de la revista Proceso, Carlos Puig, tuviera acceso al reporte".

Y si hasta ahora el informe preliminar de la CIDH sólo en Chihuahua ha causado polémica, ésta podría crecer en mayo, puesto que la CIDH todavía tiene pendiente otro dictamen sobre violación a derechos políticos y de protección judicial en el cual está involucrado México.

El 12 de octubre de 1987, cuatro panistas Luis Santos de la Garza, Teresa García de Madero, Eduardo Arias Aparicio y Miguel Gómez, entonces diputados del Congreso de Nuevo León presentaron una denuncia contra la ley electoral de aquel estado, por considerarla violatoria de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El proceso continúa en la CIDH y Santos de la Garza confía en que el dictamen pueda ser discutido en mayo próximo, durante el período de sesiones de ese organismo.

Jesús González Schmall, secretario de Relaciones Exteriores del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN durante la época en la que se presentaron las denuncias ante la CIDH, por las elecciones locales en Chihuahua (1985 y 1986) y Durango (1986) y quien acompañó a los denunciantes a Washington, estableció que el hecho de que su partido "recurra a esas instancias, para reclamar la vigencia de los derechos humanos, nace de la tendencia histórica muy acentuada en al época de Adolfo Christlieb, que invocaba mucho a la Delegación de los Derechos del Hombre de 1918, para reclamar al gobierno mexicano que al haber suscrito esos derechos, estaba obligado a observarlos".

Las denuncias que presentaron los panistas ante la CIDH fueron por la elección de diputado federal en el VII distrito de Chihuahua, en 1985, donde sostuvieron Guillermo Luján Peña fue despojado de su triunfo y se favoreció al priísta Doroteo Zapata; por los comicios estatales (gobernador, diputados locales y ayuntamientos) en la misma entidad; en 1986 y por las elecciones de presidente municipal en la ciudad de Durango, en el mismo año. En su mundo político oficial y se les acusó, entre otras cosas de "traidores a la patria".

Barrio, Elizondo, González Schmall y Luján Peña recuerdan que el trato que recibieron de los miembros de la CIDH fue "cordial" y "formal", y agregan que se mostraron "muy interesados", tanto cuando presentaron las denuncias como cuando fueron citados, en abril de 1987, a una audiencia (la única) para escuchar a las dos partes. El gobierno mexicano fue representado por el embajador Antonio de Icaza.

Cuentan que desde el inicio, la representación del gobierno buscó que la CIDH no aceptara siquiera las denuncias y posteriormente, intentó demostrar que ese organismo, del cual es parte, no tenía competencia para analizar las denuncias presentadas, y que de hacerlo estaría interviniendo en los asuntos internos de México. Y, en el caso específico de Luján Peña; se argumentó "extemporaneidad". No tienen buen recuerdo de la actuación de De Icaza.