Demandan Panistas a Nivel Nacional la Renuncia de Baeza "por Razones Morales y por Dignidad"

El Partido Acción Nacional demandó ayer la renuncia del gobernador Fernando Baeza Meléndez y exigió leyes electorales justas en conferencias de prensa realizadas en las ciudades más importantes del país.

"Fernando Baeza no tuvo la dignidad de renunciar a la imposición que Miguel de la Madrid hizo al estado de Chihuahua en 1986, pero si ya recuperó la dignidad debe renunciar al cargo", afirmó ayer en rueda de prensa el dirigente estatal del PAN en el estado, Raymundo Gómez Ramírez al dar a conocer el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre las elecciones para gobernador de esta entidad en 1986.

Los panistas dijeron que pedirán a Baeza Meléndez "que solicite licencia indefinida para retirarse del cargo; que el Congreso designe un gobernador interino y a éste que convoque a nuevas elecciones para designar un gobernador sustituto".

A su vez el ex candidato a gobernador del estado en esas elecciones, Francisco Barrio Terrazas dijo que con este dictamen el gobierno de México "ha perdido la virginidad y tras de ésta, va la denuncia del PRD, esa ya no esperará seis meses para ser aceptada como la nuestra; esa ya está y además esa tiene hechos de violencia y muertes".

Barrio Terrazas consideró que el dictamen sobre las denuncias del PRD no podrá ser tan diplomático ni tan maquillado como el actual y valoró el hecho de que un organismo internacional se haya pronunciado de esa manera con respecto al gobierno mexicano, "porque con los gobiernos de Haití o Panamá cualquiera se pone, pero con México no".

En este sentido reveló que algunos funcionarios de la OEA en Washington les decían a los panistas que acudieron a poner la denuncia que probablemente ese caso no se resolviera durante el período de Miguel de la Madrid como presidente. Mientras tanto, en el palacio de gobierno, el gobernador Fernando Baeza Meléndez se negó a conceder una entrevista a la prensa local que pretendía abordarlo sobre el dictamen de la CIDH de la OEA.

El propio Baeza había declarado el pasado jueves por la noche que él ya conocía el dictamen y que esperaría la publicación oficial del documento para dar su opinión al respecto, postura que reiteró la noche del día siguiente.

Luego de una espera de dos horas en la antesala de la oficina del gobernador, el director de comunicación social del gobierno del estado, Angel Torres Pereyra y el jefe de prensa, Alfonso Sánchez Gallo, excusaron al gobernador por no poder atender a la prensa ya que argumentaron que estaba dando los últimos toques al programa de la gira del presidente de la república, Carlos Salinas de Gortari por el estado de Chihuahua.

En la rueda de prensa en la que el Comité Directivo Estatal del PAN dio a conocer los puntos principales el dictamen, estuvieron presentes los ex candidatos que en 1986 se sintieron defraudados y presentaron su demanda en la CIDH de la OEA: Francisco Barrio Terrazas, Guillermo Luján Peña, Clara Torres y Gustavo Elizondo.

Elizondo y Luján Peña coincidieron en señalar que los fraudes electorales ya se conocían desde hace tiempo pero que esta es la primera vez que se denuncian en organismos electorales y que se emite un dictamen de esa naturaleza, por lo que el gobierno federal es el indicado para responder.

En el mismo sentido Clara Torres dijo que ya no es el PAN el que se enfrenta al gobierno respecto a las elecciones de 1986, sino la CIDH, quien le ha dicho al gobierno de México: "tu no ajustaste tu legislación ni tampoco la ley de amparo". "Nosotros hemos pasado ya a ser espectadores", dijo Clara Torres refiriéndose a los panistas.

El dirigente estatal del PAN, Raymundo Gómez, informó que su partido iniciará una amplia campaña de difusión mediante ruedas de prensa en todo el estado, volanteo, difusión oral con unidades de sonido por las colonias urbanas, y las rancherías, así como lámparas, pintas en bardas y posteriormente una evaluación para determinar que se va a hacer.

Entrevistado al respecto, Antonio Becerra Gaytán, quien fue en 1986 coprotagonista del llamado "Caso Chihuahua" como candidato a gobernador por el Partido Socialista Unificado de México, opinó que independientemente del dictamen, "lo que vino después del 86 confirma que los procesos electorales en México han sido fraudulentos y lo extraño es que no haya ahora una actitud correspondiente para elaborar una ley que signifique adelantos, porque ha habido titubeos, escamoteos y reticencias".

Afirmó que "tanto el PAN como el PRI pareciera que están de acuerdo con el 86 al emitir un juicio del pasado sin congruencia con el presente" y afirmó que "el PAN traicionó su denuncia puesta en la OEA al asociarse con el PRI para las reformas constitucionales en materia electoral y cuestionó: "¿De qué sirve apoyarnos en un dictamen externo si no asumimos actitudes internas congruentes?".

En tanto, Alonso Baeza López, quien fue en aquel entonces presidente del Centro Empresarial de Chihuahua y firmó junto con Guillermo Pérez Velázquez, de CANACO y Javier Rascón Mesta, de CANACINTRA un documento en el que denunciaban atropellos a la ciudadanía chihuahuense por no respetar su voto, dijo que la opinión sigue siendo la misma por que los tres se manifestaron no a título personal, sino como representantes de organismos empresariales que decidieron hacerlo así.

Aclaró que es la misma opinión porque "fuimos actores y partícipes de esa situación, aunque las elecciones después de esa han cambiado, han tenido más fundamento legal y la actuación de las gentes ha sido distinta y el dictamen nos debe servir de experiencia y qué bueno que es similar al pronunciamiento que entonces hicimos".

Respecto al contenido del dictamen el PAN boletinó ayer que "el informe consigna que el gobierno mexicano después de tres solicitudes de prórroga que fueron atendidas, alegó primero extemporaneidad, después que el reclamante no había agotado los recursos ante los tribunales mexicanos, luego sacó a cuento la grave violación a que se infligiría a la soberanía y autonomía política del estado de Chihuahua en el caso de que fuera aceptada la denuncia panista y finalmente como remate de su actitud desesperada y cínica, argumentó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos carecía de competencia para pronunciarse sobre procesos electorales por razones de soberanía nacional y porque al hacerlo se violentaría el principio de autodeterminación y no intervención".

La Comisión de contestó al gobierno de México en forma contundente y clara, que sí tiene competencia para examinar los casos materia de las reclamaciones y para adoptar la decisión que estime pertinente, le recordó estatutos y reglamentos de la OEA en que funda esa competencia, así como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y le pide no olvidar que todos los tratados y pactos de la OEA y de la ONU han sido oportunamente ratificados por México, añade el boletín.

Para rematar, la Comisión le dice al gobierno mexicano que en años ha recibido denuncias de graves irregularidades y atropellos en materia electoral cometidas por los gobiernos de Haití, Paraguay, Nicaragua, Chile, Panamá, El Salvador, Cuba, que en todos esos casos hizo los enjuiciamientos correspondientes y que ni el gobierno de México ni nadie le alegó falta de competencia, ni violación a la soberanía, ni al principio de no intervención, pues todos los Estados se han comprometido al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a realizar "las elecciones a través de las cuales se expresa la voluntad del pueblo, deben ser auténticas, universales, periódicas, realizarse a través de voto secreto u otro método que preserve la libre expresión de la voluntad del elector", precisa el comunicado panista.