La lucha por el Congreso

Jaime Pérez Mendoza

Nunca como ahora, la lucha política ha tenido un objetivo tan claramente delimitado: esta vez, las fuerzas políticas de mayor peso en Chihuahua buscan consolidar sus posiciones en el Congreso del Estado.

Desde 1983, con las victorias políticas del Partido Acción Nacional que cimbraron al sistema y fueron el antecedente de grandes avances en el control político por grupos contrarios a la estructura del régimen de partido oficial, hasta nuestros días, los partidos políticos más representativos han buscado consolidar sus posiciones de poder.

Fue en 1992 cuando el PAN causó una derrota política singular a su principal opositor: en una jornada electoral, le arrebató al PRI no solamente los municipios más importantes de la entidad, sino la hegemonía del Poder Legislativo.

Con mayoría en el Congreso, el titular del Poder Ejecutivo ha manejado con mayor tranquilidad los asuntos más delicados: la aprobación de importantes iniciativas que culminó con la promulgación de una reformada Constitución y una ley electoral calificada por politólogos y observadores como de avanzada.

El actual proceso electoral tiene a la vista una meta ambiciosa: por una parte, toda la estructura del poder político representada por el PAN se apresta a defender la mayoría en el Congreso y conservar las 13 alcaldías, encabezadas, dada su importancia, por Juárez y otras de las cabeceras más importantes del estado.

Mientras el PRI se prepara para continuar la racha de triunfos obtenidos en el proceso comicial federal del 12 de agosto pasado, el PAN se muestra optimista.

Javier Corral Jurado, presidente del Comité Directivo Estatal blanquiazul asegura que su partido retendrá los espacios ganados en 1992 y ganará los municipios de Chihuahua y Delicias. ¿En qué basa su optimismo? Alude a las condiciones del proceso, con una ley electoral justiciera, y señala que "nuestras convenciones son públicas y democráticas. Nosotros no estamos preocupándonos si las asambleas son abiertas o cerradas, si son directas o por delegados; esta es nuestra gran ventaja y nuestra mayor victoria moral frente a otros partidos".

Además, agrega Corral Jurado, "Acción Nacional está empeñado en que sus abanderados surjan de entre los ciudadanos más representativos y probos, no solamente de entre la militancia panista; es decir, que en el PAN somos plenamente conscientes de que una autoridad emanada de cualquier partido debe servir a toda la comunidad, independientemente de su color político y consideramos que ese tipo de líderes pueden estar dentro o fuera del PAN".

¿POR ALCALDIAS O POR LA MAYORIA LEGISLATIVA?

En el contexto de la crisis económica y bajo el marco de los graves problemas que aquejan a las administraciones emanadas del PAN que no cuentan con recursos para realizar obra pública y resienten el peso de sus deudas, esa organización política se prepara para conservar la mayoría en el Congreso, donde 10 de los diputados de mayoría llegaron al cargo con las siglas del partido albiazul, así como 4 de los nueve diputados de representación proporcional.

Esta ocasión se disputarán 18 diputaciones de mayoría relativa y hasta 13 de representación proporcional, según datos proporcionados por el Consejo Municipal de Elecciones.

Cabe mencionar que dos ciudades, Chihuahua y Juárez, concentran el mayor número de distritos electorales (cuatro y seis, respectivamente), y es allí donde se librarán batallas decisivas en pos de la mayoría legislativa.

Si en 1992, el PAN obtuvo victorias resonantes, en agosto de 1994 sufrió aquí estrepitosas derrotas. Muchos se extrañaron ante la debacle electoral del candidato a senador, Luis H. Alvarez, considerado como uno de los candidatos con mayor consistencia y relevante trayectoria.

Con ese antecedente, una gigantesca cartelera reflejó el estado de ánimo de los priístas. Allí, en el crucero de Adolfo López Mateos y avenida de la Raza, bajo la firma del senador Héctor Murguía Lardizábal el PRI dio las gracias a los juarenses por su preferencia electoral.

El Comité Directivo Estatal del PRI, a través de su dirigente, Artemio Iglesias Miramontes, ha expresado que el electorado tiene muy claro lo que ha ocurrido en Chihuahua bajo las administraciones panistas. A ello se atiene el partido tricolor, aparte de sortear las dificultades de la crisis económica y sus efectos en los ciudadanos.

Y el Partido de la Revolución Democrática se dispone a presentarse como una opción que aprovechará la coyuntura para ganar espacios políticos importantes. Sus líderes trabajan para seleccionar a candidatos idóneos a las alcaldías, pero saben que la batalla más importante se dará en pos del Congreso.

EL CONGRESO: HISTORIA Y PERSPECTIVAS

Es el Comité de Asuntos Editoriales del Congreso del Estado el que aporta los datos mas importantes para trazar la historia de lo que está en juego. Una historia llena de sucesos que han reflejado, durante más de dos siglos, el carácter centralista y hegemónico del sistema político, en sus diversas manifestaciones.

A través de la investigación realizada por el titular de esa dependencia legislativa, José Jáuregui Venegas, Norte tuvo acceso a datos que deben ser considerados en la actual contienda.

Una breve historia del Congreso de Chihuahua nos ilustra sobre un hecho singular: durante más de dos siglos, nuestro territorio se rigió por las leyes y postulados impuestos por España.

Jáuregui Venegas apunta que desde 1823, una vez consumada y reconocida la Independencia de México, y sólo con ligeras variantes -que a veces son solamente teóricas, porque los diputados se han sometido a los gobernantes en turno- las funciones del Congreso, a través de su Cámara de Diputados constituidos en asamblea, han sido la de hacer realidad la división de poderes y la representación popular, base de todo sistema democrático.

El concienzudo estudio del Comité Editorial del Congreso localiza un dato relevante: La última diputación provincial de Chihuahua estuvo vigente del 4 de octubre de 1823 al 8 de septiembre de 1824 y se integró a partes casi iguales por clérigos, militares y hacendados.

Ya como Congreso de Chihuahua, se tuvo el primero con carácter de Constituyente y se instaló oficialmente el 8 de septiembre de 1824 hasta 1826. Constó de 11 diputados propietarios y 4 suplentes, entre los que se contaban sacerdotes, militares y hacendados. De estos diputados emanó el primer gobernador del estado, con carácter de provisional.

Este Congreso expidió la primera Constitución Política del Estado, el 7 de diciembre de 1825.

Del 1 de julio de 1826 al 8 de julio de 1863 hubo 6 legislaturas. El 3 de octubre de 1835 el Congreso en pleno fue recesado: inició el Centralismo. A partir de esta fecha, en lugar de Congreso se establecieron juntas departamentales, con consejeros nominados por el Presidente de México. Las juntas funcionaron hasta el 7 de septiembre de 1816.

En el nuevo régimen federal se nombró un Congreso Extraordinario Constituyente que funcionó del 6 de diciembre de 1846 al 8 de marzo de 1849 y elaboró la segunda Constitución Política del Estado el 7 de diciembre de 1847.

De diciembre de 1846 al 9 de mayo de 1853 funcionaron 4 congresos. En mayo de 1853 el dictador Antonio López de Santa Anna suspendió las labores congresistas y estableció los Consejos de Estado que trabajaron hasta el 10 de febrero de 1856.

A nivel regional, fue hasta el 19 de julio de 1857 en que se instaló el nuevo Congreso Constituyente que trabajó hasta el 31 de octubre de 1859. Este Congreso, el 19 de abril de 1858 expidió la tercera Constitución Política del Estado. Después de este Constituyente funcionaron 9 congresos ordinarios con 13 diputados cada uno y otro Congreso con 15 diputados; este último terminó funciones el 3 de febrero de 1877.

Del 16 de septiembre de 1889 al 15 de septiembre de 1913 funcionaron 12 congresos que absorbieron el movimiento prerrevolucionario y los conflictos sociales de la región. Se continuaba con el estatuto de 15 diputados propietarios y ya con 15 suplentes.

De 1913 a 1920 hubo receso de la legislatura local por la lucha revolucionaria.

Del 25 de septiembre de 1920 al 15 de septiembre de 1922 ejerció funciones el XXIX Congreso, que expidió la quinta Constitución Política del Estado, el 25 de mayo de 1921.

A partir de 1922 y hasta 1947 hubo en los congresos un periodo de relativa calma legislativa y solamente se acordaron cambios en el número de diputados: primero el número se elevó a 16, y luego se bajó a 12.

La XLII Legislatura aprobó el 14 de junio de 1950 las reformas constitucionales que se podrían considerar como la sexta Constitución Política del Estado. Las legislaturas siguieron con poca trascendencia legislativa hasta la LIV (septiembre de 1983) en la cual se estableció que la Cámara se compondría de los 14 diputados uninominales y hasta 4 de minoría; sin embargo, en la LV Legislatura (15 de septiembre de 1986) no hubo representación minoritaria ya que el partido que tenía derecho a curules (PAN) rechazó tomar dos carteras correspondientes (Clara Torres y Guillermo Luján Peña) porque consideraron que en esas elecciones no se respetó la voluntad popular.

Esta LV Legislatura, en diciembre 24 de 1988, modificó básicamente el Artículo 202 Constitucional y estableció que en lugar de una mayoría absoluta, sólo una mayoría simple podría modificar la Constitución Política del Estado.

El 16 de septiembre de 1989 asumió el Congreso la LVI Legislatura, ya con un número, aprobado previamente, de 18 diputados nominales, uno por cada distrito electoral da ley electoral estaba en proceso de aprobación) y 10 diputados de representación proporcional. Esta legislatura estuvo pluralizada con cuatro diputados del PAN (Guillermo Prieto Luján, Edelberto Galindo Martínez, Antonio Morales Mendoza y Ramón Galindo Noriega), un diputado del CDP, Baltazar Ruiz Sáenz y uno del PRD, Antonio Becerra Gaytán.

El 16 de septiembre de 1992 se constituyó la LVII Legislatura cuya principal característica fue que su mayoría es panista, ya que inició con 15 diputados del PAN, 11 diputados del PRI, uno del PRD y uno de la coalición PARM-CDP.

Debido a posturas parlamentarias y personales, el diputado panista Antonio Aguirre Rascón renunció a su militancia en el partido blanquiazul y por ello desde marzo de 1995 es diputado independiente.

El diputado por la coalición PARM-CDP, Octavio Lamelas Hevia del Puerto renunció a sus partidos al inicio de la legislatura, pero en diciembre de 1994 modificó su decisión y retomó la representación del Comité de Defensa Popular.

La actual legislatura ha tenido la siguiente participación:

Aprobó la Ley de Alcoholes; el Código de la Defensa del Menor.

Negó finiquitos a 35 ayuntamientos de la administración de Fernando Baeza Meléndez.

Aprobó la nueva Ley Estatal Electoral.

Revisa y actualiza la nueva Ley del Notariado.

Ha realizado intensas actividades para la reforma integral de la Constitución Política del Estado, que entre varias modificaciones incluye: Las nuevas figuras del Referéndum, Plebiscito y la Protección Jurídica del Derecho a la Vida desde la Concepción.