Reforma Electoral

Finalmente el Tribunal Federal Electoral (con mayúsculas) ratificó lo que habíamos anticipado en colaboraciones anteriores: la 62ª. Legislatura del Estado de Chihuahua tiene 12 diputados del PAN, 15 del PRI, 3 del Panal y uno de cada uno de los siguientes partidos: PRD, Verde y PT (que más bien debería llamarse Partido Aguilar), para completar los 33 diputados que componen la Legislatura.
La intentona del tribunal estatal electoral (con minúsculas) de desaparecer la coalición del PRI-Panal antes del reparto de las diputaciones plurinominales, fue declarada improcedente, ya que si juntos se la jugaron, juntos tenían que terminarla. El presidente del Tribunal local, Lic. Rodríguez Anchondo, cumplió las instrucciones que le dieron, lástima que ellos no tengan la última palabra y la autoridad superior les enmendó la plana.
Rosa María Baray es la diputada número 12 del grupo parlamentario del PAN, una mujer que ha trabajado muchos años dentro de ese partido y dentro del Congreso del Estado, así que estamos seguros de que hará muy buen papel. Lástima que finalmente se haya quedado la representación del partido Aguilar, ya que en la realidad no alcanzó el 2% de la votación que exige la Ley para que pueda tener una diputación y derecho a las prerrogativas estatales, que tan sólo en esta última partida le va a reportar unos 12 millones de pesos en estos tres años, más las dietas que la diputada Aguilar recibirá, que pueden ser del orden de unos 4.5 millones más en el mismo periodo.
Esta "irregularidad" en la Ley Electoral del estado tendrá que ser revisada por el mismo Congreso, ya que no es posible que si un partido no alcanzó el 2% que marca la ley como mínimo para ser considerado partido político (el PT alcanzó el 1.97%), una vez que se quitan los votos nulos, los de los candidatos no registrados y LOS DE LOS PARTIDOS QUE NO ALCANZARON el mínimo indispensable y luego se les vuelva a considerar a esos partidos que ya estaban fuera y entonces sucede el milagro de las matemáticas, que al sacar de nuevo el porcentaje sobre un universo ya menor, sí alcanzan el 2% y se les da una diputación y tienen derecho a las prerrogativas estatales. Estas "lagunas", junto con otras, deberán de ser modificadas por la nueva Legislatura.
Ahora sólo falta que la nueva Legislatura doble las manos ante la presión que ya está ejerciendo la familia Aguilar para que Hanoi Aguilar sea considerado como "grupo parlamentario", lo cual sería una aberración más, ya que grupo significa al menos dos, nunca ha existido un "grupo" de una persona. Si los nuevos coordinadores parlamentarios aceptan esos "grupos", esto les puede significar otros 50 mil pesos adicionales al mes o sea otros 2 millones de pesos más para el PT, con lo que redondearían una cantidad cercana a 18 millones de pesos en los tres años y además un lugar en la junta de coordinación parlamentaria, que es donde se toman las decisiones importantes del Congreso.
Decía en alguna plática que me tocó escuchar hace algunos años a Luis Pazos, estudioso de la economía mexicana, que anteriormente la burocracia iba creciendo de una manera alarmante y que era como si muchos hombres fueran cargando un valioso cargamento (el país) y poco a poco algunos de los que iban cargando aquella gran plataforma con el cargamento, decidieran subirse mientras los demás seguían cargando, pero que si cada vez eran más los que se subían y cada vez eran menos los de abajo (los que pagamos nuestros impuestos), iba a llegar un momento en que los de abajo ya no iban a poder porque eran ya más los que iban arriba sin hacer nada.
Hoy la burocracia ya no sigue creciendo, pero sí los sueldos que cobran y así como ganan los diputados, ganan los funcionarios municipales, estatales y federales. Hoy nos enteramos de que algunos funcionarios de la H. Cámara de Diputados ganan más que los mismos diputados. El secretario general de la Cámara, Guillermo Haro Bélchez, gana $239 mil mensuales en promedio, ya considerando su gratificación anual de fin de año, así como su prima vacacional, es decir 2.8 millones al año y los secretarios de servicios parlamentarios, así como el de servicios de administración de la Cámara, acumulan los 2 millones al año. Así no va a haber dinero que alcance para mantener esa burocracia.
El propio Congreso de la Unión debería preocuparse por poner orden en su casa y expedir leyes que regulen los ingresos de la burocracia, así como los funcionarios de elección popular. Urge una reforma electoral en el Estado que corrija todas las "fallas" que tiene.