Ataque al IFE

A partir de septiembre de 1998, cuando el PRD promovió la reapertura del expediente de las campañas electorales de 1994, se inició una contraofensiva por parte del Jefe del Ejecutivo en contra del IFE.

Aunque la reapertura del expediente de las elecciones del 94 fue desechada por la Comisión de Fiscalización del propio IFE, comisión presidida por el consejero Alfonso Lujambio, esto provocó el escándalo con el cual el PRI se retiró del Consejo General del IFE por varios meses, porque consideró que dicho expediente era caso juzgado.

A partir de este evento el PRI, muy seguramente por instrucciones de más arriba, comienza una estrategia para desprestigiar al IFE o cuando menos ponerlo contra las cuerdas, estrategia instrumentada a través del contralor Muñoz Villalobos, quien fue designado como tal por uno de los secretarios de Gobernación del entonces presidente Salinas, Patrocinio González Garrido, cuyo nombramiento nunca fue ratificado por el Consejo General.

Misteriosamente, el contralor Muñoz Villalobos logra sobrevivir desde agosto de 1993 hasta nuestros días, aunque su nombramiento nunca fue regularizado. Dijo haber encontrado algunas irregularidades que los consejeros Cantú, Cárdenas García, Zebadúa y Lujambio habían cometido. Sin embargo a este último lo exonera quizás por haber desechado el expediente del ´94, origen del agravio que dijo el PRI había recibido, pero al primero, el contralor decide que debe ser destituido y pagar una multa de 203,325 pesos por viajar 40 veces a Monterrey sin motivo oficial durante 1997, siendo que el consejero Cantú tiene en esa ciudad su lugar de residencia desde toda la vida, y además por no observar medidas de austeridad en una reunión en Jurica, Querétaro, donde los asistentes consumieron "en exceso" bebidas alcohólicas: un promedio de 2.2 copas diarias por asistente en tres días de reunión.

El consejero Cantú, de visita por esta ciudad de Chihuahua el pasado viernes, mencionaba que de ninguna manera pretendía inmunidad, como tampoco le rehuye a la rendición de cuentas, porque sería como predicar sin el ejemplo. Pero que definitivamente el contralor Muñoz Villalobos carece de facultades para destituirlo porque los consejeros del IFE, de acuerdo con la ley tienen fuero constitucional y como tal debe seguirse primeramente un juicio político en la Cámara de Diputados para poderlos desaforar y después juzgarlos.

De acuerdo con la normatividad, es el pleno de un órgano de gobierno el que puede quitar fuero o destituir a alguno de sus miembros y la "destitución" del consejero Jesús Cantú es tan ilógica porque los funcionarios de tercer nivel no pueden despedir a uno del primer nivel, cualquier sanción debe ser impartida por un jerárquico superior.

¿Cómo veríamos que Arsenio Farell Cubillas, secretario de la Contraloría destituyera a Ernesto Zedillo, Presidente de la República?

Los ataques al IFE continuarán por un rato, porque definitivamente el PRI pretende desprestigiarlo ante la muy segura derrota electoral del año que entra.

Del tamaño del miedo serán los ataques del PRI al FE.