Nueva Ley Federal de Radio y Televisión

El pasado 8 de marzo, el presidente del Senado de la República, Diego Fernández de Cevallos, exhortó a las comisiones encargadas de sacar el dictamen de la nueva Ley de Radio y Televisión a presentarlo al pleno del Senado, diciéndoles: "No podemos consentir el diferimiento de este asunto. No lo permite el reglamento, no lo permite la ley y no lo permite la dignidad del Senado".

A la excitativa del presidente del Senado respondieron los senadores Gildardo Gómez Verónica y Antonio García Torres que a más tardar en 14 días estarían presentando al pleno del Senado el dictamen final, por lo que el tiempo se les agota en esta semana que está transcurriendo. ¿Seguirá, durmiendo el sueño de los justos esa iniciativa, como, sucede con muchas otras, que podrían ser de una gran utilidad para los mexicanos? ¿Se logrará ceñir el poder tan grande que tienen los medios electrónicos? Se requiere de un marco democrático moderno que asegure libertades, que clarifique las obligaciones y la responsabilidad social que tienen con la sociedad quienes desempeñan la función informativa a partir de la explotación de un bien del dominio de la nación, es decir de todos los mexicanos, pero que parece que es de unas cuantas familias que son las dueñas de las concesiones. En esta iniciativa se han apostado senadores de todos los partidos políticos, pero principalmente del PAN y del PRI, entre los cuales están Javier Corral Jurado y Manuel Bartlett Díaz, quienes curiosamente eran enemigos cuando el fraude electoral de Chihuahua del 86 y hoy están muy unidos buscando el bien de México.

¿Qué es lo que se busca con esta nueva ley? En forma muy compacta y sin abundar mucho en cada uno de los temas, porque el espacio no me lo permite, sólo mencionaré algunos de los principales: Eliminar una de las mayores desigualdades en la competencia, electoral, donde los medios electrónicos ponen las tarifas que quieren a los candidatos y los partidos políticos, las cuales se elevan hasta seis veces más que las tarifas comerciales, pero que no son iguales para todos,sino que dependen de las relaciones y las simpatías que cada uno de los medios tenga con cada partido, dirigente o candidato. Esto por supuesto que pone a algunos en clara desventaja contra otros que llevan de entrada una buena ventaja. Se pretende que sea el IFE el que contrate con los medios a una tarifa "normal" y no política, que sea a través dela autoridad electoral como se contrate y se pague a los medios electrónicos, para poder fiscalizarlos, labor que hasta el momento no ha sido posible para las autoridades, provocando con ello inequidades y violaciones a los topes de campaña por algunos candidatos y sus partidos. Está un proceso electoral de gran importancia en puerta, el cual deberá estar regido por esta nueva ley (2006).

El doctor Raúl Trejo Delarbre, uno de los investigadores más grandes que tiene México sobre la comunicación social, escribe en su más reciente libro, "Poderes salvajes", que los poderes fácticos, catalogados como instituciones, tienen un peso social tan importante, que pueden influir fácilmente en la política del país. El poder de los medios ha estado ahí siempre, algunas veces como contrapeso del poder público, pero hay, otros que crecen en demérito de la democracia. "El actual poder de los medios se ajusta puntualmente a la noción de poderes salvajes, la actuación del Estado es inevitable", expresa el doctor Trejo Delarbre.

Se pretende en la iniciativa que ningún concesionario tenga más del 35% de la cobertura de una plaza, dando con ello la posibilidad a otros operadores o a nuevos concesionarios que tengan una presencia distinta en esas plazas. Por supuesto que esto no será en perjuicio de aquellos concesionarios que tengan un porcentaje mayor a este en una plaza, pero ya no se podría otorgarles más concesiones, dando nuevas oportunidades a otros para que haya equilibrio y pluralidad en cada ciudad.

Aquí conviene recordar que ninguna ley tiene carácter retroactivo y menos para perjudicar a alguien por lo que pueden estar tranquilos quienes estén por encima de este porcentaje en algunas plazas del país.

Los tiempos oficiales que se encuentran actualmente en 65 minutos para el radio y 48 minutos para la televisión, se modifican a 60 para el radio y la televisión se iguala a este, que siempre ha estado en ventaja, por lo que no se afectan los tiempos que tiene que darle al Estado. Tampoco se crean nuevos impuestos para los medios electrónicos, se mantienen los actuales. Lo que sí se cancela es "el tiempo fiscal" que han tenido esos medios desde 1969 y que podían pagar hasta con el 25% de sus ingresos, pero que sólo estuvo como amenaza ante esos medios y servía a algunos gobernantes para chantajeados a cambio de favores. Esta exención sí desaparece y deberán pagar impuestos como cualquiera otra empresa.

La nueva Ley Federal de Radio y Televisión es una necesidad de nuestro país, para el bien de todos los mexicanos. Ojalá los senadores cumplan con la cita que tienen con el pueblo de México.