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Las incongruencias del sistema político mexicano

El Heraldo de Chihuahua Chihuahua, Chih. 9 junio de 2014 Página Sección B

En esta semana vino el presidente Peña Nieto a Guachochi, Chihuahua, una de las zonas de pobreza extrema, con más de 130,000 personas en esa condición. Anunció que al finalizar este año ya no estarían en esa situación. La nota fue nota nacional, por supuesto. Yo no sé si creen que nos chupamos el dedo, pero son de esas incongruencias donde se piensa que dándoles una despensa ya van a salir de la pobreza extrema. Hay un dicho antiguo que dice "No le des un pescado a un hombre para que coma, enséñale a pescar, para que pueda vivir dignamente". No es dándoles despensas o cobijas para el frío como van a salir de su pobreza y menos que se lo vayamos a creer. La otra parte de esta incongruencia son los resultados del estudio que realizó el INEGI a finales del 2012, estudio y análisis que teníamos años solicitando los ciudadanos, ya que es público y conocido la gran corrupción que hay entre el sector de los maestros. Afortunadamente ya metieron a la cárcel a la Maestra, Elba Esther, por los miles de millones que recibe el sindicato y de los cuales no le rinde cuentas a nadie, como seguirá mientras no se les marque un alto. Pero eso sí, la Maestra tiene una verdadera residencia en San Diego, California, con no sólo los mejores carros a la puerta, sino los mejores yates, casi casi al estilo de Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo. El resultado de este estudio sobre la realidad de los maestros fue el siguiente: -39,222 personas asignadas a una escuela en la que nadie las conoce ("aviadores"); -30,695 personas que cobran como maestros pero en realidad trabajan para el SNTE o la CNTE (comisionados); -113,259 personas que cobran en una escuela pero están ubicados "en otro centro de trabajo" (tránsfugas); y, -114,998 personas que reciben pagos como maestros en activo, pero lo hacen a nombre de personas que ya se jubilaron, retiraron o fallecieron. En total, se paga con fondos destinados a la educación a 298,174 personas que no laboran en el plantel escolar al que se asigna su pago. Y conste que miles de escuelas y maestros de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, las tres entidades con los sistemas más corruptos y atrasados, no fueron censados. Se resistieron. ¿Por qué será? En cualquier caso, el censo revela que casi 300,000 personas viven del presupuesto educativo, pero no sirven a la educación. Esto refrenda el dicho de que el deporte nacional no es el futbol, ¡es vivir del presupuesto! ¡Qué descaro, qué desorden, qué corrupción! No nada más eso: ¡qué ilegalidad! La Ley del Servicio Profesional Docente es muy clara: nadie que no esté cumpliendo con una labor docente tiene derecho a percibir sueldo de maestro. Una estimación conservadora del costo: 10,000 pesos de sueldo mensual x 12 meses x 298,174 personas = 35,780,880,000 de pesos. ¡35 mil millones de pesos! ¡Cada año! Con ese dinero se podrían entregar, cada año, 3 millones 838 mil becas de Oportunidades, o rehabilitar 35,780 escuelas. Escándalos como el de Oceanografía y la Línea 12 del Metro palidecen ante estas cifras. Más allá de las escandalosas cifras, lastima la magnitud de la complicidad de cientos de miles de personas para perpetrar este fraude. Duele también verificar que sea en el sistema educativo nacional donde se presente este fraude. ¡Qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos! Le toca a la SHCP y a la SEP poner fin a este atraco contra la educación pública y del futuro del país. La fecha crítica es el 1 de enero del 2015, pues a partir de esa fecha será el Gobierno Federal el que se haga cargo de la nómina magisterial. Exigimos que para entonces no se haga pago alguno a quien no esté cumpliendo una labor educativa. También hay responsabilidad para los legisladores federales, pues son ellos quienes aprueban año con año el presupuesto educativo. No deben aprobarlo si no se les presenta una nómina educativa confiable. Qué decir de los auditores: tienen que abrir los ojos y hacer la tarea. ¡Incongruencias del sistema político mexicano! A los ciudadanos nos corresponde exigir y verificar que termine el derroche. Si un desfalco así no nos mueve, entonces nada nos va a mover.