A confesión de partes, relevo de pruebas

El miércoles pasado apareció en todos los medios del estado de Chihuahua la confesión del gobernador César Duarte de que el presidente Enrique Peña Nieto le había prestado (¿De su bolsillo, tal vez?), la pequeña cantidad de 3 mil millones de pesos, para pagar compromisos que le dejaron de la Administración anterior (José Reyes Baeza), ya que la Federación les reclamó que se habían utilizado para otros fines para lo que se les había asignado. Los fondos federales que se mandan "etiquetados" a los estados no pueden ser usados, canalizados, orientados, a otro concepto que no sea para el cual le fueron enviados esos recursos, ni se pueden transferir a otra dependencia que no sea la destinataria de dichos fondos, así sea ésta el DIF, con sus nobles propósitos, porque se corre el riesgo de ser sancionado (en caso de verse sorprendido en esta práctica), con la suspensión de puesto público o que no pueda ocupar puesto público alguno durante 5 años o puede significarle la cárcel. Sin embargo, José Reyes Baeza ocupa hoy la dirección del ISSSTE en el Gobierno de Peña Nieto, sin una solo preocupación alguna por lo anterior. Por otro lado, llama poderosamente la atención que César Duarte dé a conocer este delito cometido por su antecesor hasta 4 años después, lo cual lo hace cómplice con ese silencio intencional para garantizar impunidad a su antecesor de su mismo partido (PRI) o cuando menos se ve como una negligencia, que de cualquier manera ambos están incurriendo en responsabilidad penal, uno por los hechos y el otro por complicidad y como dice el dicho de los abogados: "A confesión de partes, relevo de pruebas", es decir que la fiscalía debería obrar en consecuencia. Lo anterior se dio en el marco que la Secretaría de Hacienda Federal "aclaró" en esta misma semana, que el estado de Chihuahua no debe lo que debe, sí, así como lo escucha, ya que dijo Hacienda que Chihuahua sólo debía 19,736 millones de pesos y que los otros 21 mil millones de bonos carreteros no eran deuda ya que no ponían en riesgo los recursos del estado, ya que estos bonos (deuda carretera) se pagarán con los ingresos de las casetas de peaje que hay en el estado. ¿Y si dejaran de circular por donde hay casetas de peaje y se fueran por la libre, quién pagaría? ¡Pues claro que el Gobierno del Estado! Pero fue tanta la presión que ejerció el gobernador Duarte ante la Federación, que salieron a decir que lo que se debe, no se debe, que son alucinaciones de los ciudadanos de Chihuahua. ¿Entonces por qué tuvo que pedir autorización al Congreso del Estado para obtener dichos recursos carreteros? Y no sólo eso, tuvo que decir en qué los iba a utilizar, ya que la ley de deuda púbica del estado y en todo el país, no se pueden pedir recursos, llámese deuda, bonos o como le dé su gana, para pago de otra deuda, sino que debe ser con fines productivos. En esta última parte es donde tiene molestos a los chihuahuenses, ya que ese dinero ¿en dónde está? Porque llámese como se llame, en los 4 años del Gobierno estatal actual han ingresado 30 mil millones adicionales a las arcas gubernamentales, adicionales al presupuesto anual de este año que es oficialmente de 53.8 mil millones de pesos, que la verdad se ve muy poco para esas cantidades de dinero. Debemos reconocer que este sexenio se ha invertido en educación con nuevas escuelas y colegios de bachilleres (universidades y tecnológicos se manejan con sus propios recursos, aunque el gobernador vaya a inaugurar los edificios), pero realmente no alcanzan a justificarse los montos de la deuda y del presupuesto... A confesión de partes, relevo de pruebas, la fiscalía estatal y federal deben ponerse a trabajar, ya que el delito y la complicidad están manifiestos.